El cargo de concejal es generalmente la puerta de entrada donde comienzan muchas carreras políticas hacia mayores responsabilidades dentro de los gobiernos de sus respectivos partidos. Sirva como mejor ejemplo el del actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que comenzó su andadura política como edil del Ayuntamiento de Madrid, o Mariano Rajoy, en Pontevedra.
Ignoro si la Diego Cruz Mendoza, ya exconcejal y exdelegado de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, transitaba por ese recorrido, aunque tras haberse cruzado con el alcohol por el camino- paseo ferial en este caso- sospecho haya quedado truncado el futuro político del edil.
En efecto. Cuando el musico y promotor de festivales conducía un vehículo municipal de forma “extraña” por las vías de salida del recinto ferial almeriense, fue avistado por la Policía Nacional que procedió a su detección, para que más tarde fuera la Policía Local la que asumiese la instrucción de las diligencias con resultado positivo en la prueba de alcoholemia. No sólo eso, el atestado igualmente recoge una presunta desobediencia hacia los agentes locales por parte del concejal relacionada con su comportamiento.
Una lamentable conducta que de inmediato suscitó la reacción política de la oposición municipal, antes de que el concejal Cruz Mendoza presentase su dimisión, no sin antes reconocer su “error” y solicitar perdón de “forma sincera” a todos los almerienses, compañeros de Corporación y a su propia familia.
En una democracia, los políticos no solo tienen la responsabilidad de gobernar, legislar o gestionar los recursos públicos. También tienen que comportarse de manera ejemplar y el concejal almeriense no lo ha hecho en esta ocasión. Una falta de ejemplaridad política de un representante público que incumple aquello que exige a los demás y que ahora asume con su dimisión inmediata.
Mas su renuncia tras una gestión fallida debería entenderse no como una derrota personal, sino como un acto de ejemplaridad democrática. En una sociedad que exige transparencia y responsabilidad, asumir las consecuencias de los errores refuerza la confianza ciudadana en las instituciones y demuestra que el poder público no puede ejercerse sin rendición de cuentas. Dimitir no borra los fallos cometidos, en efecto, pero sí envía un mensaje valioso: quienes gobiernan deben anteponer el interés general a la conservación del cargo.
Por eso, cuando una mala gestión provoca perjuicios evidentes, como en esta ocasión, la renuncia puede convertirse en una muestra de respeto hacia la ciudadanía y al partido que representa para recuperar la credibilidad política. También un recordatorio a la oposición de que la práctica es igualmente valida para ellos.