La Dirección General de Aviación ha puesto en marcha la licitación del servicio de transporte aéreo regular sometido a obligaciones de servicio público (OSP) para asegurar las conexiones de Melilla con Sevilla, Granada y Almería, por un presupuesto de 2,16 millones de euros y una duración de 12 meses.

La propuesta prevé el arranque de las operaciones el 1 de marzo del próximo año e impone un mínimo global anual de 99.600 plazas y 19 frecuencias semanales entre las tres rutas, con ocho frecuencias entre Melilla-Granada y Melilla-Almería y tres frecuencias semanales en la línea Melilla-Sevilla.

Las aerolíneas interesadas deberán asegurar una capacidad mínima de 42.000 asientos al año en cada una de las conexiones de Melilla con Granada y Almería, y de 15.600 plazas en la ruta Melilla-Sevilla. Las compañías adjudicatarias tendrán margen para adaptar los días de operación y los horarios a la demanda del mercado.

La licitación fija igualmente un esquema de precios y régimen tarifario por trayecto de ida, estructurado en tres tipos de tarifas. El precio de referencia, que marca una media máxima anual por billete sencillo, establece un coste de 85 euros por pasaje en las rutas Melilla-Granada y Melilla-Almería, y de 105 euros en la conexión Melilla-Sevilla. Esta tarifa debe contemplar cambios de fecha y cancelaciones con reembolso íntegro y “sin penalización alguna”.

Asimismo, se contempla la opción de ofrecer una tarifa flexible, que podrá superar la tarifa de referencia hasta en un 25 por ciento, siempre que se compense con billetes a un precio inferior para mantener el promedio anual; y una tarifa promocional que deberá implicar un descuento mínimo del 20 por ciento respecto a la de referencia. En este último caso, se establecerá una política específica de equipaje en cabina y en bodega.

El documento recoge también unos requisitos de calidad y puntualidad, que fijan que el porcentaje máximo de vuelos cancelados por causas imputables a la compañía no podrá rebasar el dos por ciento de los programados por temporada. Del mismo modo, al menos el 90 por ciento de las operaciones no deberán sufrir retrasos superiores a 15 minutos.

La aerolínea que resulte adjudicataria tendrá derecho a recibir una compensación económica por parte del Estado para cubrir el déficit derivado de la prestación del servicio público. Además, estará obligada a llevar una contabilidad analítica separada para estas tres rutas y a someterla cada año a una auditoría externa independiente sufragada por la propia compañía. También deberá enviar a Aviación Civil informes mensuales detallando ocupación, cancelaciones, demoras e ingreso medio por pasajero