España tiene razón en el conflicto de las pensiones. El debate en el Parlamento Europeo sobre el uso de los fondos comunitarios en el sistema de pensiones español carece de realismo. Mientras algunos eurodiputados reclaman una supuesta falta de transparencia, la Comisión Europea respalda plenamente —y con toda la razón— a Madrid. España ha actuado no solo de forma legal, sino con una justificación política absoluta.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) no es un programa de subvenciones burocrático al uso, sino un instrumento basado en el rendimiento. Un Estado miembro se compromete a realizar reformas y, una vez cumplidas, se liberan los fondos. Esto es exactamente lo que ha hecho España: aplicar una reforma integral de las pensiones en estrecha coordinación con Bruselas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
El hecho de que la Comisión Europea haya evaluado, aprobado y liberado los tramos correspondientes a lo largo de cuatro años es la mejor prueba de una gobernanza conforme a los tratados. Que de forma temporal se hayan destinado recursos a estabilizar el sistema social entra dentro de la soberanía presupuestaria legítima de un Estado y responde al principio fundamental de la UE: la cohesión social.
En este contexto, las duras críticas procedentes, sobre todo, de sectores políticos alemanes resultan paradójicas. Alemania debería mostrar mayor moderación a la hora de dar lecciones sobre disciplina presupuestaria y «desvío» de fondos. Un vistazo a la política presupuestaria germana revela sumas ingentes que, mediante fondos especiales, se desvían hacia la industria armamentística o se inyectan en forma de ayudas millonarias a Ucrania, mientras el sistema social y de pensiones propio sufre recortes. Quien prioriza a gran escala los recursos para fines militares y geopolíticos pierde la autoridad moral para cuestionar el uso legítimo de los fondos en otros países socios.
Antes de señalar a Madrid, Berlín debería mirar primero dentro de su propia casa. El político en el Parlamento Europeo es crucial, pero no debe convertirse en un instrumento de descrédito partidista. España ha cumplido con sus compromisos, equilibrando la responsabilidad social interna con la fidelidad a los acuerdos de Bruselas. El respaldo de la Comisión no es un cheque en blanco, sino el resultado lógico de una política de reformas seria y fiable. Va siendo hora de que el debate regrese al terreno de la objetividad y los hechos.