Acabamos de conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que Níjar ha vuelto a situarse entre los quince pueblos españoles de más de 2.000 habitantes con un mayor índice de pobreza. Una clasificación consecuencia de una renta anual media por habitante en 2024 de 9.993 euros, 6.015 euros menos que la media nacional y a gran distancia de otras poblaciones del país que sobrepasan los 30.000 euros anuales.
La estadística del INE nos muestra de nuevo un mapa de la riqueza que apenas se mueve y que pone de manifiesto la brecha de renta que sigue existiendo entre el norte y sur del país, situando a 11 municipios andaluces -Níjar y La Mojonera, incluidos- entre los 15 más pobres. Una clasificación de las poblaciones con menor renta en España que debería abrir una reflexión urgente con el fin de ampliar las posibilidades de sus habitantes a poder vivir dignamente.
Un municipio no se reduce a sus ingresos, también es una comunidad con capacidades, proyectos y derecho a un futuro que no venga determinado por su código postal. Presentar estos resultados como una característica permanente de sus habitantes añade un estigma donde se debería prestar mucha mayor atención. Una respuesta que no se limite a seguir lamentando estas cifras y fije como objetivo el de recortar estas diferencias territoriales.
Un dictamen que exige combinar la atención a las necesidades inmediatas con iniciativas que favorezcan el empleo estable, de calidad, la formación y el acceso efectivo a los servicios. No en vano, detrás de la renta anual media de los ciudadanos de estas localidades subyace un modelo de economía que crece apoyándose en bajos salarios, precariedad laboral, pequeñas empresas, y ausencia de inversiones importantes.
Las estadísticas, en efecto, son necesarias para hacer visibles las desigualdades, mas su utilidad no termina en ordenar municipios de mayor a menor renta. El verdadero avance llegará cuando esos datos se reviertan y sirvan para ampliar oportunidades y reducir carencias entre las poblaciones afectadas. La pobreza debe ser una situación que se combata, nunca el apellido con el que se condena a un pueblo a ubicarse en un ranking no deseado.
Un debate de mirada larga pensando en el bienestar de los ciudadanos, la reducción de las desigualdades y en el futuro de estos territorios. Una reflexión que debería ser eje central en las agendas de las instituciones y de los partidos políticos, más absortos ahora en un descarnado pulso por repartirse los puestos en las listas electorales y también el de otros “frentes” más o menos amplios.