Tras su comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz el pasado jueves donde el vicepresidente de la Junta de Andalucia y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, defendió la decisión de no activar el sistema ES-Alert, la actuación del Infoca y la coordinación del operativo en el incendio de Los Gallardos -recién extinguido tras dos semanas, trece personas fallecidas y más de 5.200 hectáreas calcinadas- no han tardado en aparecer voces discrepantes sobre las teorías expuestas por Sanz desde el pulpito institucional. Un defecto tan nuestro de convertir cualquier crisis en un campo de batalla ideológico antes incluso de que se enfríen las cenizas y los afectados puedan volver a sus casas.
Por parte del PSOE, el grupo parlamentario ha exigido una comisión de investigación “por justicia con las víctimas, heridos y afectados y también por precaución ante lo que está por venir”, en palabras del parlamentario socialista por Almería, Rodrigo Sánchez Haro. También por el “mar de dudas” sembradas por la Junta de Andalucia ante la resolución de este incendio.
Más investigación también exige el portavoz de Adelante Andalucia, José Ignacio García, que ha tachado de “claramente insuficientes” las explicaciones ofrecidas en tribuna parlamentaria por el vicepresidente andaluz. Igualmente, García anuncia que su grupo va a solicitar la creación de una comisión de investigación ante la gestión de un incendio donde “hay demasiados puntos negros y cosas que no se saben”.
El grupo Por Andalucía no se ha quedado atrás y su portavoz, Antonio Maíllo, también solicitará una comisión de investigación en el Parlamento por este incendio. Para Maíllo, Antonio Sanz demostró en su comparecencia que se sentía «acorralado» y «nervioso porque sabe que ha habido errores en la gestión».
Para no ser menos, la eurodiputada del PP Carmen Crespo, en cambio, ha reclamado la activación «rápida y urgente» del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a las comunidades autónomas, los municipios y las personas afectadas por los incendios forestales registrados este verano en España.
Simultáneamente, afectados por los incendios de Bedar y Los Gallardos han anunciado la constitución de un grupo de trabajo para constituir una plataforma cívica para analizar lo ocurrido y buscar soluciones que eviten nuevos incendios en la zona. No constan más voces en el Sanedrín de Los Gallardos.
Una tragedia como el incendio de Almería, uno de los más letales en la historia de este país, exige antes que nada respeto por las víctimas, por sus familiares, desalojados, y por quienes trabajaron sobre el terreno para contener las llamas. Sin embargo, cuando aún queda rescoldo en el monte y mucha ceniza, ha empezado otro incendio: el del ruido mediático, la acusación rápida y la utilización política del dolor.
Un estruendo que no debe alterar los hechos del incendio de Los Gallardos y convertir la tragedia en espectáculo, el dolor en argumento de combate, y el relato en munición partidista para acaparar titulares. Lo mínimo que se debe a quienes perdieron la vida, a los afectados y a los profesionales que se jugaron la suya son medidas para que algo así no vuelva a repetirse y la anomalía no se convierta en norma. Un drama que por desgracia se ha vuelto cada vez más frecuente, extenso y difícil de extinguir en este país, donde los métodos de siempre se quedan obsoletos ante la magnitud de suceso.