Opinión de José Vidal
Cinco meses después de registrarse una propuesta vecinal para dedicar una calle a Antonio Moreno Pomares “El Berza”, el Ayuntamiento de Níjar aprueba una ordenanza que impone requisitos de difícil cumplimiento y, además, pretende aplicarlos a una solicitud ya presentada.
Cambiar las reglas del juego cuando el partido ya ha empezado nunca es una buena forma de generar seguridad jurídica ni confianza institucional. En este caso, el debate transciende el cambio de nombre de una calle y plantea cuestiones sobre la participación ciudadana y una determinada forma de gobernar.
En diciembre de 2025, un grupo de vecinos de San José promovió una iniciativa tan sencilla como digna: cambiar el nombre de una calle existente para dedicarla a Antonio Moreno Pomares “El Berza”, quien durante años fue concejal de Níjar y alcalde pedáneo de San José, en reconocimiento, tras su fallecimiento, a una vida ejemplar de honestidad, servicio público, solidaridad y compromiso con las personas y con su pueblo.
La Asociación Vecinal de San José y El Pozo hizo suya la propuesta y la registró oficialmente en el Ayuntamiento de Níjar el 29 de diciembre de 2025.
Hasta ahí, todo entra dentro de la normalidad democrática y administrativa. Lo ocurrido después ya resulta más difícil de entender.
El Ayuntamiento, en lugar de estudiar la propuesta, solicitar la documentación que estimara necesaria y resolver motivadamente, dejó pasar cinco meses. Mientras tanto, aprobó una Ordenanza sobre la denominación de calles incorporando un requisito inexistente hasta entonces: contar con el respaldo del 75% de los propietarios empadronados o titulares de actividades de la calle afectada. Y, acto seguido, exigió ese requisito a una solicitud presentada meses antes.
Las preguntas son inevitables: ¿Puede imponerse a un procedimiento ya iniciado un requisito que no existía cuando se presentó la solicitud? ¿Es compatible esa actuación con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima?
Hay otra cuestión igualmente llamativa. Se exige que la propuesta vaya avalada por la conformidad del 75 % de personas cuya identidad los promotores desconoce y a la que no pueden acceder por la normativa de protección de datos. El Ayuntamiento sí dispone de esa información; los ciudadanos no. Además, en una localidad como San José, donde abundan las segundas residencias y las viviendas de uso turístico, localizar a muchos propietarios resulta una misión casi imposible.
Cuando una norma impone requisitos que, en la práctica, son inalcanzables, deja de ser una garantía para convertirse en una barrera.
Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones. Quizá el Ayuntamiento no quería pronunciarse sobre una propuesta incómoda. Quizá pretendía evitar las controversias que siempre genera un cambio de nombre de calle. O quizá existan otras razones que solo conocen quienes gobiernan. Lo difícil de comprender es que, en lugar de resolver la petición con transparencia y asumir el coste político de decir sí o decir o decir no, se opte por levantar un muro administrativo que hace prácticamente inviable la iniciativa.
Y eso trasciende el reconocimiento al legado de una persona.
Transmite la impresión de responder a una determinada forma de entender la gestión pública: mucha energía para la autopromoción, los eventos y la imagen; bastante menos para la empatía vecinal y la resolución eficaz de sus problemas cotidianos.
Mientras abundan los fastos y promoción institucional, siguen pendientes cuestiones esenciales que afectan a la calidad de vida en el municipio: un modelo urbanístico que desborda la capacidad de las infraestructuras, problemas de agua y saneamiento, falta de aparcamientos, movilidad, seguridad vial, deterioro de parques y arbolado, limpieza urbana y otros servicios básicos cuya mejora se reclama desde hace años. Todo ello mientras vecinos y pequeños empresarios soportan una presión fiscal creciente mediante impuestos y tasas, algunas difíciles de justificar.
Gobernar no consiste únicamente en organizar eventos ni en proyectar una buena imagen hacia el exterior. Gobernar es resolver problemas, respetar las reglas y tratar a los ciudadanos con la misma lealtad institucional que se les exige a ellos.
La Asociación Vecinal no debería dejar morir esta iniciativa. Debería ejercer el derecho a solicitar el expediente completo, exigir una resolución motivada sobre el fondo de la petición y defender que una norma posterior no puede convertirse en un obstáculo para una solicitud presentada con anterioridad.
Y si la preocupación son las molestias que pueda ocasionar el cambio de denominación, corresponde al propio Ayuntamiento facilitar los trámites y asumir, en su caso, los costes administrativos que recaigan sobre los vecinos afectados.
Porque hoy el debate gira en torno al nombre de una calle. Mañana puede afectar a cualquier otra iniciativa ciudadana.
Porque homenajear a quién dedicó su vida al servicio de su pueblo y sus vecinos no debería convertirse en una carrera de obstáculos administrativos.
Y porque cuando una Administración cambia las reglas del juego después de empezar el partido, el problema es la desconfianza que termina sembrando entre los ciudadanos.