La Guardia Civil, en el marco de la operación “Lutasanol”, ha desarticulado una organización criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos.
La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso y habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos, llegando a generar un fraude superior a los 100.000 euros a la Seguridad Social. Su actividad se extendía más allá de la provincia de Almería, captando ciudadanos en Murcia y diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga
La operación se ha saldado con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la trama. Asimismo, se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama donde se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo procedente presuntamente de los cobros realizados a las víctimas.
Más allá de la provincia de Almería
La organización extendía su actividad más allá de la provincia de Almería, captando ciudadanos en Murcia y diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La estructura contaba con funciones perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa.
Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España.
Por tal motivo se procedió a la detención de una persona que ejercía las funciones de captador, así como a la investigación de los administradores de la mercantil localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor laboral/contable con despacho profesional en Almería.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido y dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).