El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss) impuso el pasado año un total de 244 infracciones en campañas específicas desarrolladas en el sector agrario de Almería, la mayoría calificadas como graves. Sanciones impuestas tras haber investigado a más de 3.800 trabajadores en materia de riesgos laborales, salarios, maquinaria, equipos y control del empleo agrícola. Delitos a los que la Inspección de Trabajo ha impuesto las pertinentes sanciones económicas a los empresarios responsables de condiciones laborales tan abusivas.
La Inspección de Trabajo constata en este caso que las jornadas de trabajo excedían con mucha frecuencia los límites legales al tiempo, que los empleados carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas y seguros médicos ante la posibilidad de sufrir cualquier accidente laboral.
El caso de Almería refleja el mal ejemplo de algunos empresarios agrícolas en cuanto al respeto de las condiciones laborales de sus trabajadores. Unos datos que evidencian una preocupante tendencia ante el elevado número de infracciones graves detectadas por la Inspección de Trabajo, especialmente en el control de empleo y riesgos asociados a la actividad agraria.
Una persistente falta de cumplimiento de las normativas vigentes que pone de manifiesto una gestión deficiente y una escasa preocupación de ciertos empresarios almerienses por el bienestar laboral de sus trabajadores, pilar fundamental en cualquier sector productivo. Una actividad laboral desarrollada siempre en un humillante régimen de terror a cambio de un pago exiguo y ningún derecho laboral, impuesta por parte de ciertos empresarios que recurren a prácticas ilegales y abusivas en materia fiscal y laboral.
Una conducta ilícita evidente que daña la reputación del tejido empresarial almeriense y perjudica a los que sí cumplen la ley. Una praxis que evoluciona también gracias a la pasividad de organizaciones empresariales encargadas de vigilar estas prácticas delictivas.